La Comisión Europea (CE) ha emprendido la mayor reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del último cuarto de siglo. Bruselas pretende suprimir la exención del pago de este tributo de la que hoy por hoy disfrutan las empresas en sus operaciones transfronterizas con otras compañías de Europa.
El objetivo es que los países alcancen un acuerdo sobre esta propuesta durante la legislatura actual, que se extenderá hasta la segunda mitad de 2019. Así, podría entrar en vigor en 2022, dentro de cinco años. De prosperar esta iniciativa, la Hacienda a la que pertenezca la empresa exportadora recaudará el IVA que se genere en la operación, y lo transferirá al Estado de la compañía compradora.
Este sistema tiene como primer propósito acabar con el fraude fiscal en torno a este tributo, que alcanza la mareante cifra de casi 150.000 millones al año. En concreto, la práctica que se persigue es conocida como el ‘fraude del carrusel’. Consiste en la creación de compañías pantallas que importan bienes y productos exentos de IVA y los revenden cargando el impuesto. Después de cobrar el IVA, la empresa se disuelve, desaparece, sin ingresar el dinero del tributo en ninguna hacienda.
El comisario europeo de Economía y Fiscalidad, Pierre Moscovici, hablaba recientemente de la necesidad de “poner fin a un sistema anacrónico de IVA basado en fronteras nacionales. Los Estados tienen que considerar las operaciones transfronterizas como si fueran nacionales”. Según las estimaciones de la CE, esta reforma disminuirá en un 80% el fraude del IVA que genera el comercio entre los Estados miembros. Lo que a su vez se traduciría en un aumento de la recaudación tributaria de unos 41.000 millones de euros anuales.
