La morosidad sigue siendo uno de los más graves problemas a los que se enfrentan pymes y autónomos. Según la federación ATA, entre 20.000 y 25.000 trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas tuvieron que bajar la persiana en el primer semestre de este año por impagos de las administraciones públicas o de empresas privadas. Pero los días pueden estar contados para los morosos. El Congreso inició el pasado mes de junio la lucha contra la morosidad. El pasado 22 de junio, la Cámara Baja admitió a trámite la proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos.
La iniciativa pretende modificar la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad 15/2010 para dotar a la legislación sobre morosidad y plazos de pago de un régimen sancionador que realmente castigue a quienes superen el tiempo del que disponen para abonar sus facturas. En base a ese borrador se elaborará un texto definitivo que deberá ser aprobado por las Cortes.
El pasado año las administraciones públicas tardaron una media de 71 días en pagar a sus proveedores, cuando el plazo máximo estipulado por ley es de 30 días. En el caso de la empresa privada, ese periodo se alargó hasta los 77 días de media, 17 más que el máximo permitido.
La proposición de ley presentada por Ciudadanos establece como infracción grave exceder el plazo legal de pago en más de 20 días. Y será muy grave cuando sobrepase los 60 días. En el primer caso las multas oscilarán entre los 2.046 euros y los 40.985, en función del grado de gravedad. Para las infracciones muy graves el castigo irá de los 409.891 euros a los 819.780. En el caso de las infracciones leves, las multas oscilan entre los 60 y los 2.045 euros. Las sanciones prescribirán en un periodo de entre uno y cuatro años, y podrán ser reducidas por pronto pago, o si al mismo tiempo esas empresas morosas son acreedoras de deudas por importe igual o superior a la contraída.
La iniciativa legislativa también contempla la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Se encargará de realizar informes sobre la morosidad, así como asesorar, evaluar y diseñar propuestas para luchar contra esta lacra. El observatorio estará compuesto por representantes del Estado, las comunidades autónomas y entidades locales, así como de organizaciones empresariales, de autónomos, la Cámara de España y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PmcM).
